La Fiscalía de Santiago de Compostela ha citado a declarar en calidad de investigados a dos altos cargos de la Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia por un supuesto delito de prevaricación administrativa y acusa de homicidio a la Xunta deFeijóo al retrasar los tratamientos con fármacos de última generación “con razones presupuestarias” a seis pacientes con hepatitis C. Se trata del director de Asistencia Sanitaria de la Xunta, Félix Rubial Bernárdez y de la subdirectora general de Farmacia, Carolina González-Criado Mateo.
Vázquez Almuiña: "En todo momento se utilizaron criterios clínicos de atención a estos pacientes"
Por su parte, el consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia, Jesús Vázquez Almuiña, ha salido hoy en defensa del trabajo llevado a cabo por ambos altos cargos afirmando que “en todo momento se utilizaron criterios clínicos de atención a estos pacientes”. Según la Fiscalía, por el contrario, incumplieron los criterios que la propia Administración autonómica había establecido para sufragar estos caros tratamientos a los enfermos más graves mientras se negociaba un acuerdo global con las empresas farmacéuticas para universalizar su uso en la sanidad pública. Atendiendo a esta denuncia se produjeron retrasos en la administración de los medicamentos que pusieron en peligro la vida de los pacientes, llegando algunos incluso a morir entre 2014 y 2015.
Vázquez Almuiña hace hincapié en el hecho de que desde la Consejería se ha trabajado “con criterios claros” para que la accesibilidad de los tratamientos sea universal y que no haya exclusión entre pacientes. “Respetamos la justicia y esperaremos a que ellos puedan declarar las personas que hicieron ese trabajo durante todos estos años”, añade. El consejero de Sanidad alega que en Galicia se tienen en cuenta los mismos criterios que en todo el país para tratar a los pacientes con hepatitis C, atendiendo primero a los pacientes más graves.
Los dos cargos investigados de Sanidad declararán en los juzgados el próximo 28 de abril
De este modo, el titular de Sanidad de esta comunidad autónoma defiende que la gestión de la atención a estos pacientes “se hizo con total responsabilidad buscando su beneficio”. El escrito de la Fiscalía sostiene, sin embargo, que las razones por las que se pospuso la prescripción de los nuevos medicamentos a estos enfermos fueron “de tipo presupuestario” y no médico o clínico.Los dos altos cargos investigados, término referido ahora a los imputados en un caso, tendrán que declarar el próximo 28 de abril en los juzgados de Santiago de Compostela. El inicio de este conflicto judicial lo marcó la denuncia interpuesta en marzo de 2015 por la Asociación Batas Blancas, un colectivo de médicos en defensa de la salud, ante la Fiscalía Superior de Galicia acusando al Servicio Gallego de Salud (Sergas)del retraso y la restricción de fármacos de última generación para tratar a pacientes con hepatitis C.
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