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19 sept 2018

PREGUNTAS DOCUMENTAL- SOBREMEDICADOS

1-En tu opinión, ¿Por qué Farmaindustria se opuso a la medida de Rafael Bengoa , Consejero de Salud de Gobierno Vasco en relación con los genéricos?

2-¿Qué objetivo tenía esa medida de Rafael Bengoa?


3-Nombra algún ejemplo de conflicto de intereses que se mencione en el documental

4-En tu opinión, ¿Qué consecuencias tiene la mencionada "puerta giratoria" del documental?. 





14 nov 2017

El Gobierno vasco extiende las ayudas al copago farmacéutico a parados y receptores de RGI. Fuente: Deia

BILBAO. El Gobierno vasco ha aprobado este martes la modificación del Decreto de ayudas económicas que desde 2014 destina a paliar los efectos del copago farmacéutico aprobado por el Gobierno central, para incorporar a todas personas en situación legal de desempleo y a todos los perceptores de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) con ingresos, en ambos casos, no superiores a los 18.000 euros. 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Salud, Jon Darpón, ha explicado que esta modificación se ha llevado a cabo tras la evaluación de la experiencia de estos cuatro años de ayudas, tomando en consideración las demandas de las asociaciones de pacientes y usuarios del sistema vasco de salud, y atendiendo al mandato parlamentario. 
"En Euskadi seguimos dando pasos a favor de la equidad y de la accesibilidad al sistema sanitario público en contra de las medidas que promulga el real decreto 16/2012", ha señalado. 

El Decreto de modificación aprobado extiende las ayudas a personas en situación legal de desempleo y perceptores de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) con ingresos, en ambos casos, no superiores a los 18.000 euros.con el objetivo de asegurar la adherencia a los tratamientos médicos en la población más vulnerable. 

Según ha explicado el consejero, hasta ahora podían acceder a estas ayudas las personas desempleadas que había finalizado la prestación pero con la modificación, también pueden solicitarlas durante el cobro de la prestación de desempleo si su renta es menor de 18.000 euros. 

En el caso de los perceptores de RGI, hasta ahora solo podía cobrar las ayudas si no recibían ninguna otra prestación complementaria pero con el cambio aprobado este martes, si sus ingresos son inferiores a 18.000 euros, cobrarán la ayuda con independencia de que reciban prestaciones complementarias. 
Estos colectivos se suman así a los que hasta ahora venían recibiendo las ayudas como son los jubilados y pensionistas con ingresos menores a 18.000 euros;personas en situación de desempleo sin prestación económica;y personas inmigrantes en situación irregular acogidas al Decreto 114/2012. 

MAS DE 400.000 PERSONAS
Darpón ha explicado que desde su puesta en marcha estos cuatro años, se han beneficiado de estas ayudas más de 400.000 personas que, por sus limitaciones económicas o su riesgo de exclusión social, podrían verse abocadas a abandonar las prescripciones médicas o hacer un seguimiento insuficiente. El plazo para solicitar las ayudas correspondientes a este 2017 permanece abierto hasta el próximo día 10 de diciembre. 

Sin embargo, ha informado de que en la actualidad, solicitan estas ayudas el 30% del total de las personas que pueden acceder a ellas y cree que la explicación se encuentra en que la media de las ayudas es de 61,90 euros anuales por persona. 

Asimismo, ha informado de que "esta apuesta sostenida por garantizar la equidad y combatir las desigualdades en salud" ha supuesto un desembolso de más de 24 millones de euros, desde que, en 2014, el Gobierno Vasco implementara esta línea de apoyo económico para garantizar el cumplimiento de los tratamientos médicos y farmacológicos en los sectores sociales más desfavorecidos. 

Para el próximo año, los presupuestos incluyen una partida de 7,3 millones de euros ampliable "sin fuera necesario". "Sin embargo, nos gustaría no tener que mantener estas ayudas", ha señalado antes de insistir en que el Gobierno Vasco "va a seguir solicitando al Estado español la derogación del Real Decreto 16/2012 que el gobierno mantiene recurrido".

11 oct 2017

Sanidad se la juega: interoperabilidad en todas las CC.AA. antes de 2018. Fuente: Consalud.es

El secretario general de Sanidad asegura que la interoperabilidad de la receta electrónica terminará por implantarse en las ocho CC.AA. que quedan antes de final de año.
El proyecto de interoperabilidad de la receta electrónica, iniciado por el Ministerio de Sanidad en 2013, continúa pendiente de su completa instalación en el conjunto de las comunidades autónomas. La novedad es que, según el secretario general de Sanidad, José Javier Castrodeza, estará completamente implantado antes de que acabe el presente año 2017.
Así lo ha asegurado este jueves durante la celebración del Congreso de Organizaciones Pacientes, organizado por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) y celebrado en el Ministerio de Sanidad. De esta manera, desde el departamento que dirige Dolors Montserrat aseguran que todas las comunidades autónomas tendrán operativo este sistema.

La interoperabilidad permite que los pacientes puedan dispensar sus medicamentos en cualquier CC.AA. sin necesidad de presentar la receta de papel

No obstante, a pesar de la positividad transmitida por Castrodeza, lo cierto es que aún quedan ocho comunidades autónomas en las que activarse la interoperabilidad de la receta electrónica. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad en su página web, actualizados el 14 de julio, aún faltan las comunidades de Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Murcia y el País Vasco.
Por el momento, la incorporación de esta interoperabilidad ha sido progresiva. Comenzaron Canarias y Extremadura en 2015, tras participar en un proyecto piloto. A estas regiones le han seguido, por orden de implantación, Castilla-La Mancha, Navarra, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, La Rioja y Castilla y León.
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
La interoperabilidad de la receta electrónica en el Sistema Nacional de Salud (SNS) permite que los pacientes que lo necesiten puedan dispensar sus medicamentos en cualquier comunidad autónoma con el solo hecho de presentar su tarjeta sanitaria y sin necesidad de presentar la tradicional receta de papel. De esta manera, cualquier farmacia, a través de medios electrónicos, podrá dispensar la medicación prescrita en otras comunidades.
La complejidad del proyecto recae en que el sistema debe implantarse en todos y cada uno de las oficinas de farmacia de cada comunidad autónoma. Por este motivo, y teniendo en cuenta también el número de habitantes, las comunidades más pobladas (Andalucía, Cataluña o la Comunidad de Madrid) han visto retrasada su implantación.

7 oct 2017

La receta obligatoria condiciona este año la vacunación contra la gripe. Fuente: El Correo

Osakidetza busca una fórmula para evitar un colapso después de que un decreto ministerial impida a las enfermeras administrar la inyección sin prescripción médica


El lunes 16 de octubre es, en principio, el día elegido por el Departamento vasco de Salud para arrancar la vacunación contra la gripe. Así se lo han comunicado sus responsables a los profesionales sanitarios. A dos semanas de la fecha, sin embargo, Osakidetza aún no ha decidido cómo recetar una inyección que se ponen más de 350.000 vascos. El origen del problema es el real decreto del Ministerio de Sanidad de 2015 que impide a los profesionales de enfermería administrar cualquier fármaco si previamente no lo ha prescrito un médico.
Para salvar este obstáculo, la consejería de Jon Darpón sacó una instrucción para autorizar a los enfermeros inocular el antídoto. Al tratarse de un medicamento previsto en un calendario de vacunas aprobado e impulsado por las autoridades sanitarias, sostenía que esto suponía una receta de forma genérica. Sin embargo, el pasado verano, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco suspendió la normativa vasca porque modificaba el decreto estatal, recurrido por el Gobierno de Urkullu y otras comunidades ante el Tribunal Constitucional.
Mientras la Justicia se toma su tiempo para resolver el conflicto, la campaña de la gripe está a punto de arrancar. De hecho, el sistema de vigilancia de la enfermedad más común se activará en el conjunto de España la próxima semana, que se corresponde con la número 40 del calendario. El Servicio Vasco de Salud aún no ha dicho cómo se va a hacer. El sindicato de enfermería SATSE sostiene que el colectivo no puede vacunar sin una receta previa porque se expone a una denuncia. «Osakidetza no nos ha dicho cómo va a ser la prescripción. Creemos que puede ser por vía telemática, pero no lo sabemos con certeza», comenta el secretario general de la central en Euskadi, Josean de Leniz.
El dirigente sindical tiene muy claro que la solución definitiva tiene que ser la derogación del real decreto que firmó Alfonso Alonso en su etapa de ministro de Sanidad «cediendo a las presiones de la élite médica». En la misma línea, la presidenta del Colegio de Enfermería de Bizkaia, María José García Etxaniz, subraya que la legislación vigente «dice quién puede prescribir». «La solución, por tanto, es que esa ley se vaya al carajo. Y en eso estamos trabajando».
Mientras tanto, los médicos no ocultan su preocupación. Cumplir estrictamente el decreto supone que deberán realizar del orden de 350.000 recetas de la vacuna y esto creen que puede colapsar sus consultas. Han echado cuentas. «A cada facultativo le corresponden de media 300 pacientes para atender en 30 días, lo que supone 10 más cada jornada cuando las agendas ya están a tope», señala el portavoz del Sindicato Médico de Euskadi (SME), Agustín Gutiérrez. Los dirigentes de la central ya se han reunido con la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica. Le pidieron que sea cual sea la medida que se tome de ninguna forma suponga «sobrecargar a los médicos». Además, el SME es contrario a que la solución sea una prescripción «en bloque». Esto es, mediante una receta firmada por un médico de la dirección del Servicio Vasco de Salud que haga referencia a todos los colectivos a los que va dirigida la vacuna: mayores de 65 años, enfermos crónicos, embarazadas y personas inmunodeprimidas, fundamentalmente.

Cruce de acusaciones

Mientras los profesionales de enfermería sostienen que se trata de un problema provocado por los médicos, los facultativos les devuelven la ‘culpa’ por «exigir la prescripción médica sistemática previa a cualquier intervención de enfermería».
La dirección del Servicio Vasco de Salud se limita a decir que «está estudiando» la salida para que la vacunación arranque. Es más, llega a sugerir un retraso de la campaña «si sigue haciendo buen tiempo». Esta posibilidad, sin embargo, tiene su riesgo. La fecha de comienzo viene determinada por la época en que habitualmente comienza a circular el virus de la influencia, lo que ocurre en los meses de octubre y noviembre. Además, la vacuna comienza a hacer efecto aproximadamente a las dos semanas de su aplicación. Esto significa que no conviene demorarla mucho más.

El gasto sanitario de los hogares se dispara desde el nuevo copago. Fuente: El Correo

CC OO denuncia que los españoles han gastado 6.490 millones más en medicamentos desde 2012

El gasto que los españoles destinan a pagar de su bolsillo medicamentos y otros productos médicos en las farmacias ha crecido en los últimos años, según alerta la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (FSS-CCOO), que calcula que se han gastado 6.490 millones más desde que en 2012 el Gobierno cambió el sistema de copago.
Así se desprende de las conclusiones del informe 'Análisis de los presupuestos sanitarios 2017' elaborado por esta organización sindical, cuyo secretario general, Antonio Cabrera, pide al Ministerio de Sanidad "analizar el impacto que ha tenido esta medida y volver al sistema de copago anterior a la reforma sanitaria".
El nuevo sistema que puso en marcha la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, establecía por primera vez un copago en función de la renta para los trabajadores activos y obligó por primera vez a los pensionistas a pagar por sus medicinas (un 10%, con topes mensuales según sus ingresos) cuando hasta entonces las adquirían gratis. En cambio, eximió del pago a los parados de larga duración.
Estos cambios, según CC OO, se han reflejado en el gasto de los hogaresespañoles en medicamentos y productos médicos perecederos, que en 2011 fue de 5.007 millones de euros pero que ya en 2012 (el nuevo modelo entró en vigor el 1 de julio) la partida se elevó a 5.868 millones. En 2013 se elevó a 6.887 millones y, aunque en 2014 bajó a los 6.547 millones, en 2015 volvió a subir hasta los 7.216 millones de euros.
"Este incremento es consecuencia de que hay un dinero que antes se gastaba la administración y ahora se lo gastan los ciudadanos", ha apuntado Pablo Caballero, secretario de Estudios e INGESA de la FSS-CC OO y uno de los autores del estudio, que cifra en 6.490 millones lo que la medida ha "costado" a la ciudadanía, sumando el aumento de cada año con respecto a "lo que se hubiera gastado de haberse mantenido el gasto de 2011".

Desajuste presupuestario

El estudio también ha analizado los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas en los últimos años para constatar una "desigualdad entre gasto e inversión en todas las comunidades autónomas". Así, han constatado que la sanidad se está infrapresupuestando "de forma consciente" y cuantifica esa diferencia en el periodo 2010-2015 en 25.614 millones de euros, con sólo 6.000 millones de diferencia entre lo presupuesto en 2015 y lo realmente gastado.
"El Tribunal de Cuentas ya ha criticado duramente que el presupuesto de las comunidades autónomas no obedece luego al gasto real, y eso puede poner en riesgo la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). No lo entendemos a no ser que sea una triquiñuela para justificar el gasto que hacen", ha criticado Cabrera.
Por otro lado, al analizar las cifras presupuestarias de las comunidades relativas a 2017 observan que, aunque las partidas destinadas a gastos de personal e inversiones reales vuelven a crecer, aún no ha alcanzado las cifras del año 2010. De hecho, el recorte acumulado desde ese año se cifra en 28.693 millones de euros, de los cuales 8.620 corresponderían a personal y 7.194 a inversiones.

Pérdida de empleo

En lo que respecta a la creación de empleo, en 2017 las plantillas de los sistemas sanitarios públicos de las comunidades autónomas han crecido un 1,1% respecto a 2016. En cambio, con respecto a 2012 se han perdido 6.088 efectivos.
Desglosando ese dato, se aprecia como nueve comunidades han perdido 11.473 efectivos, mientras que las que han ganado suman 5.485 trabajadores más. De esos 11.473 efectivos perdidos, el 38% corresponden a Andalucía y el 27% a Castilla-La Mancha.
En Atención Especializada el último dato disponible es de 2015, cuando se incrementó el empleo en un 1,44% respecto al año anterior, aunque el número de trabajadores es un 0,61% inferior a la cifra de 2010. Y en Atención Primaria, el empleo creció en 2016 un 1% con respecto al año anterior, pero sigue siendo un 0,64% menos que los trabajadores que había en 2011.
Ante esta situación, Cabrera ha defendido la necesidad de crear una herramienta informática que permita la consulta mes a mes de los datos de empleo en la sanidad pública, ya que las actuales fuentes disponibles se ajustan a los criterios de remisión de información para la cumplimentación de estadísticas en la Unión Europea, pero "son poco operativas a la hora de facilitar datos que permitan ver cómo evoluciona el empleo, qué calidad tiene, cómo se distribuye en las distintas categorías". Además, esta herramienta permitiría también planificar las plantillas para garantizar las necesidades futuras del sistema sanitario.

17 sept 2017

La oposición se une a la sociedad civil en un pacto para universalizar la sanidad. Fuente: El correo

El acuerdo político y social, ratificado en el Congreso de los Diputados, tiene como objetivo derogar la reforma sanitaria llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy en 2012


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Once partidos de la oposición, entre los que no se encuentra Ciudadanos, firmaron ayer «un pacto por una sanidad pública y universal», a propuesta de 70 organizaciones de la sociedad civil. El pacto político y social, ratificado en el Congreso de los Diputados, tiene como objetivo derogar la reforma sanitaria llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy en 2012. Según la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (Reder), que representa a todas las organizaciones firmantes, este decreto es una medida contraria a todas las obligaciones internacionales de España en forma de derechos humanos.
«Varias organizaciones europeas e internacionales se han encargado de recordar al Gobierno español que la ley vigente de sanidad contradice los principios básicos de un Estado social de derecho», según dijo el presidente de Médicos del Mundo, Javier Hoyos.
La reforma sanitaria llevada a cabo por el Partido Popular dejó a 870.000 personas 'sin papeles' sin acceso al sistema nacional de salud, ya que se les retiró la tarjeta sanitaria. Desde 2014, Reder contabiliza más de 3.300 casos de exclusión sanitaria. Entre estos se incluye la desatención a personas con enfermedades crónicas, menores, mujeres embarazadas y la falta de atención en urgencias.

Medidas legislativas

Por su parte, los partidos políticos se comprometen a adoptar «las medidas legislativas necesarias» para garantizar la universalidad y la calidad de la sanidad. Asumen así el compromiso de «promover a la mayor brevedad posible iniciativas legislativas para poner fin a las condiciones de desigualdad», según añadió Hoyos. Por su parte, Reder hará un seguimiento parlamentario y, a finales de año, pretende que su propuesta se convierta en una proposición de ley.
Al finalizar el acto, el grupo parlamentario Ciudadanos, representado por el diputado Francisco Igea, registraba una proposición no de ley muy similar a la presentada por Reder. El partido naranja critica el modelo sanitario que implantó la norma del PP, ya que dicen «la sanidad pasó de ser un derecho a ser accesible sólo a los ciudadanos inscritos en la Seguridad Social». La propuesta de Ciudadanos sólo contempla la modificación de la actual ley.

11 sept 2017

La brecha de la atención sanitaria pública entre comunidades se agranda. Fuente : El Correo

Los recortes se frenan en los dos últimos años, pero la sanidad está aún lejos de recuperar la situación previa a 2010, denuncia la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública


Un paciente navarro o uno vasco tienen una atención sanitaria casi el doble de buena que uno canario, según un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Tras analizar variables como la inversión presupuestaria por habitante, el número de camas, de quirófanos y de médicos y la satisfacción de los usuarios, entre otros baremos, la entidad subraya que los recortes sanitarios llevados a cabo en los años de la crisis no solo mermaron al sistema en general, sino que abrieron una brecha entre regiones aún mayor que la que existía.
De acuerdo al informe, la puntuación máxima que podría haber alcanzado una región sería 114 y la mínima, 28. Navarra y País Vasco, las dos mejores, llegan a los 90 puntos. Tras ellas se encuentran Aragón (82) y Asturias (79), que también están en una situación aceptable. Con servicios sanitarios regulares aparecen Castilla y León (78), Castilla-La Mancha (77), Extremadura (77) y Galicia (76); con servicios deficientes, La Rioja (69), Cantabria (65), Madrid (65), Baleares (63) y Murcia (61); y finalmente, los peores servicios sanitarios del país corresponden a Andalucía (60), Cataluña (60), la Comunidad Valenciana (59) y Canarias (49).
“Con cambios solo entre ellas, los tres primeros puestos del ranking no han variado en los últimos cinco años, igual que los dos últimos”, ha explicado Marciano Sánchez, portavoz de la Federación de Asociaciones. “La Comunidad Valenciana y Canarias han tenido una política sanitaria nefasta”, ha denunciado. En cualquier caso, la Comunidad Valenciana ha mejorado su puntuación tras el cambio de gobierno de 2015, igual que ha ocurrido en Extremadura y Castilla-La Mancha.
El Ministerio de Hacienda admite que entre 2010 y 2015 se han recortado unos 27.000 millones en sanidad, una cifra que los defensores de la sanidad pública elevan a más de 30.000 millones. Y aunque desde la entidad admiten que en los dos últimos años se han revertido los tijeretazos, la situación continúa estando muy lejos de ser la anterior a la crisis. “Lo que se hizo con los recortes fue una debacle. No se pensó en cómo debía ser la reducción, sino que se eliminó por el lado más fácil, por las personas que se iban a jubilar o por quienes tenían contratos temporales, sin importar cómo revertiría en la calidad de la atención”, recuerda Sánchez.
Además, auguran que los presupuestos sanitarios continuarán disminuyendo en el medio plazo. “El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a seguir reduciendo el déficit público y el 50% de esa reducción se dará en la sanidad”, ha insistido el portavoz de la entidad, que ha recordado la clara relación existente entre el gasto sanitario y la calidad de los servicios.
Un indicador de la peor percepción de la ciudadanía sobre la sanidad es la parte del informe que pide opinión a los usuarios. El porcentaje de personas que aseguran que el servicio sanitario funciona bien o bastante bien ha pasado del 73,88% en 2010 al 66,1% en 2016. Por su parte, las personas que piensan que las listas de espera empeoraron en el último fue del 13,10% en 2009 frente al 28% en 2016.