Los últimos oligopolios, tras el mostrador. Fuente: El Correo

Farmacias, estancos o administraciones de Loterías han resistido la intención de los últimos gobiernos de liberalizar la venta de sus productos con una rebaja de precios

Los Estados de la Unión Europea han perdido tanta soberanía económica (moneda, parte de los impuestos, normas de consumo...) que la regulación de algunas de las clásicas profesiones es una de las pocas materias en las que pueden seguir actuando, aunque es mucha la presión que encuentran para hacerlo. El farmacéutico, el estanquero o el vendedor de Loterías que se encuentran detrás de los mostradores, entre otras históricas profesiones, no quieren ni oír hablar de que se liberalice su sector. Es decir, de que el consumidor pueda encontrar determinados medicamentos, las cajetillas de tabaco o los boletos de azar del ONLAE en cualquier supermercado, tienda de barrio o gasolinera que se precie.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha vuelto a abrir la Caja de Pandora al recomendar, en el caso de las boticas, una desregulación del sector que "permitiría rebajar" los costes y mejorar el servicio. Pero la rápida respuesta del Ministerio de Sanidad y de los colegios farmacéuticos ha cerrado la puerta a cualquier atisbo de cambio en el sector.

No es la primera vez que sucede. Los dos últimos gobiernos han intentado actuar sobre las profesiones y sectores más regulados, pero han encontrado una presión tan relevante que sus proyectos de ley se han quedado literalmente a las puertas de los consejos de ministros. Ocurrió con la privatización de Loterías del Estado, en 2011. Y con el proyecto normativo, también recomendado por Competencia, sobre las concesiones de expendedurías de tabaco y timbre.

De hecho, España se sitúa en el puesto número 20 entre los países de la OCDE como uno de los más restrictivos en cuanto a regulación de sectores profesionales, por detrás de Reino Unido, Italia o Francia, entre otros. Para Ramón Xifre, profesor del IESE, "aquí existen muchos obstáculos tanto para abrir determinados negocios como para operar y concentrar los mismos". Este profesor recuerda que "no es que no se sepa qué hace, que está claro, sino que hay muchos intereses creados" para evitarlo.

Precios vs. Protección

En los informes de Competencia donde analiza una posible liberalización de farmacias o estancos, destaca un objetivo: la rebaja de precios. "Sería la principal ventaja con la que contarían los consumidores si finalmente se hiciera", destaca Ramón Xifre. Este experto calcula que la desregulación "podría aportar una bajada de precios a medio y largo plazo que influiría hasta en dos décimas negativas para la inflación". Pero el profesor reconoce que "frente a la organización que tienen los colegios profesionales para luchar contra este tipo de medidas, los consumidores se encuentran mucho más dispersos en sus reivindicaciones".

La postura de los profesionales afectados por los intentos de desregulación ha sido contundente cada vez que algún gobierno ha intentado modificar su 'status quo'. Han argumentado razones de salud pública; han insistido en que los ciudadanos más vulnerables o de zonas rurales serían los más perjudicados, porque allí no interesaría abrir este tipo de negocios; y han indicado que se dañaría a los actuales trabajadores de ese sector.

Incluso han indicado que, ante la liberalización de sectores tan estratégicos, podría multiplicarse el fraude, un aspecto en el que los expertos también señalan. Si, por ejemplo, la venta de medicamentos se encuentra menos controlada por la legislación, conllevaría más estafas a la hora de comercializar estos productos. "A cambio de ese mayor control que existe en estos momentos, estamos pagando un precio más alto", indica Ramón Xifre.

Colegios profesionales

El talón de Aquiles de la economía regulada se encuentra, más allá de las boticas o los estancos, en las normas que rigen el funcionamiento de las profesiones liberales: diseñadores, arquitectos, ingenieros, abogados, consultores... Hace ahora dos años, el Gobierno presentó el proyecto de Ley de Servicios Profesionales, una actualización de una normativa "que en algunos casos procede del siglo XIX", recordó entonces el ministro de Economía, Luis de Guindos. El FMI, la OCDE y la Comisión Europea habían recomendado su aprobación. Pero la idea se quedó básicamente en eso, en una ilusión gubernamental. Porque el pasado mes de febrero, el Ejecutivo retiró su iniciativa y la pospuso sin darse un nuevo plazo para su aprobación.

Esa ley establecía una lista de profesiones en las que la colegiación sería obligatoria, en la que estarían incluidas algunas jurídicas, sanitarias o técnicas. Pero también preveía una colegiación voluntaria; se imponía un único código deontológico en toda España; y se mejoraba la potestad disciplinaria de los propios colegios. El objetivo era es el libre acceso al ejercicio a los servicios profesionales y se limitaban las restricciones a una ley estatal o autonómica. La negativa de los sectores más afectados -abogados, arquitectos e ingenieros, básicamente- consiguió que se retirara una ley que afectaba al 9% del PIB, el 6% del empleo directo del país y el 45% del trabajo universitario.